1. Corresponde amparar parcialmente la pretensión de autos, y en su mérito condenar a la parte demandada a abonar una indemnización en concepto de daños y perjuicios, en tanto en el marco de un proceso de contaminación ambiental sobre un predio donde es posible construir hasta 150 casas con todos los servicios, surgen probadas de las muestras obtenidas que la concentración de plomo y cobre en este residuo, excede los niveles de referencia utilizados, máxime cuando el caso responde a una actuacion conjunta entre dos agentes en la totalidad del daño (art. 1331 del Cód. Civ.) por lo que tambien debe ser responsable el consorcio involucrado (que no fue demandado por su domicilio en Brasil).
2. Cuando se produce la prescripción se extingue una facultad jurídica de exigir un derecho, es decir la prescripción determina una medida de policía jurídica, en cuyo caso sus efectos son liberatorios por la extinción de la acción, y no del derecho subjetivo mismo.
3. No opera la prescripción cuatrienal de la responsabilidad extracontractual por cuanto se trata de un ilícito continuado, comenzando a correr el plazo cuando termina la ilicitud. 
4. El deterioro ambiental a pesar de ser por lo general un daño con componente patrimonial, en el supuesto específico de contaminación del suelo por la existencia de residuos patológicos, se impone como sanción principal la obligación de limpieza y recuperación para el causante de la contaminación; rige el principio de contaminador-pagador como forma de evitar la contaminación, priorizándose la reparación específica del daño ambiental 
5. La idea fundamental que inspira a la reparación del daño ambiental, es la obligación de recomponer, se impone prioritariamente porque el bien jurídico tutelado, no sólo responde al interés individual, sino también al colectivo.
6. Cuando la falta de cada uno es considerada causa de todo el daño, implica responsabilizar in solidum a los que cometieron el perjuicio; cuando la actividad dañosa a pesar de su individualidad, deriva en la integridad y unidad del daño se responde solidariamente.

1. Corresponde confirmar la sentencia apelada por medio de la cual se condenó al demandada a la instrumentación de las medidas necesarias para que se proceda a practicar el implante de prótesis coclear de canal múltiple, incluidos todos los costos de internación y del acto quirúrgico, en tanto si bien la institución demandada accedió a proporcionar la niño el implante coclear que el mismo necesita, se negó a pronunciar los medios para llevar a cabo el procedimiento para su implantación, máxime cuando la postura adoptada por el condenado resulta violatoria de normas constitucionales e internacionales que refieren a la protección de los Derechos Humanos. 
2. La acción de Amparo está consagrada en la Ley Nº 16.011 y refiere en su art. 1 que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho que las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, a su juicio lesione, restrinja, altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos o libertades reconocidos expresa o implícitamente por la CN (art. 72) con excepción de los casos en que proceda el recurso de “habeas corpus” y; en el art. 2 señala las situaciones en que procede la misma, cuando no existan otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado previsto en el Lit. b del art. 9 o cuando si existieren fueren claramente ineficaces para la protección del derecho.
3. De acuerdo al art. 195 del C.N.A., el Amparo procederá siempre, presumiéndose que los demás remedios procesales y administrativos no son eficaces; dicha presunción no ha sido siquiera confrontada con otra acción que desvirtúe su agravio, por lo que el mismo debe desestimarse.
4. La Ley Nº 18.211 crea el Sistema Nacional Integrado de Salud y en su art. 1 establece la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes residentes en el país y establece las modalidades para su acceso a servicios integrales de salud. Sus disposiciones son de orden público e interés social.
5. La CN, en su art. 7 establece los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, por su parte, el art. 44 de la CN establece que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, mental y social de todos los habitantes del país.
6. El art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá dice que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la Asistencia Médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.
7. El art. 25 num. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la asistencia médica.
8. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su art. 12 se reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” debiendo los Estados fijar las medidas necesarias para la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

1. Corresponde confirmar la apelada por medio de la cual se condenó al demandado a cubrir el costo de la cirugía necesaria para la colocación del implante coclear y todo el material que fuere necesario para su implantación, en tanto si bien la institución demandada accedió a proporcionar al niño el implante coclear que el mismo necesita por su hipoacusia profunda, se negó a proporcionar los medios para llevar a cabo el procedimiento para su implantación, máxime cuando la urgencia de la implantación del dispositivo coclear radica que una de las consecuencias de la hipoacusia profunda es la no adquisición del habla, lo cual claramente no puede esperar a los procesos administrativos o cualquier otro que sugiera la parte demandada.
2. Los elementos objetivos del amparo que resultan de los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 16.011 son un acto, hecho u omisión, que lesione, restrinja, altere o amenace un derecho o libertad, reconocida expresa o implícitamente por la CN, salvo el Hábeas Corpus, con manifiesta ilegitimidad, provocando o amenazando provocar al titular del derecho o libertad un daño irreparable y, por último, que no exista en el ordenamiento jurídico otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que se persigue con el amparo.
3. Para que el amparo prospere no alcanza con que el acto sea ilegítimo; se requiere además que sea manifiestamente ilegítimo; la ilegitimidad debe resultar clara, evidente, inequívoca, grosera; que prácticamente se probara de inmediato, in continenti.
4. Por la disposición del art. 195 del C.N.A. inc. 3 procederá en todos los casos, excepto que exista proceso jurisdiccional pendiente, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los otros medios jurídicos de protección resultan ineficaces.
5. Los arts. 7 y 44 de la CN consagran, respectivamente, el derecho de todo habitante de la República a ser protegido en el goce de su vida y la obligación del Estado de legislar en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país, así como de proporcionar gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes; este derecho también está contenido en el art. 72 de la CN, tratándose de un derecho inherente a la persona humana.
6. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la asistencia médica (art. 25, num. 1 de la Declaración Universal de los DDHH)
7. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Ley Nº 13.751, en su art. 12 se reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; imponiendo a los Estados fijar las medidas necesarias para la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
8. La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Ley Nº 16.137, en su art. 24 num. 1 reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Se consigna asimismo que los Estados se esforzarán por asegurar que ningún niño se privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
9. El art. 10 del Protocolo de San Salvador, ratificado por Ley Nº 16.519 dispone que toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, comprometiéndose los Estados a adoptar medidas para garantizar ese derecho.
10. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, el 6 de diciembre de 1989 y aprobada por Ley Nº 16.137 dispone en su art. 3 que en todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del menor.
11. Para la interpretación e integración de este Código se deberá tener en cuenta el interés superior del niño y adolescente, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana; en consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos (art. 6 del C.N.A.).

1. Corresponde confirmar las apeladas, por medio de la cual se convocó a la Administración y a la actora a audiencia, y a su vez se dispuso medidas de protección (prohibición de acercamiento del denunciado respecto de la denunciante y su núcleo familiar y la prohibición de cualquier forma de comunicación), en tanto en el marco de un proceso por violencia doméstica, si bien el demandado aduce que fue privado de su derecho de defensa por no haber sido citado a la audiencia, surge que las reglas procesales han sido respetadas ya que la razón por la que se eligió un trámite unilateral fue para que la víctima pudiera manifestar su situación con la mayor tranquilidad en atención a la situación psico emocional que atravesaba, máxime cuando si bien ambas medidas están ejecutadas y los recursos carecen de objeto actual, igualmente procede la confirmación de ambas para declarar la regularidad jurídica de lo actuado.
2. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 1 de la Ley Nº 17.514, se declara de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica.
3. El art. 315 inc.1 del C.G.P. prevé la norma general que establece que la medida cautelar se decretará sin conocimiento ni intervención de la contraparte; con ello se evita los efectos del tiempo en el proceso y que la medida se frustre. 
4. En materia de violencia doméstica y particularmente en la situación de violencia de género, debe tenerse presente que además de la finalidad de evitar que se frustre la medida final tendiente a erradicar la violencia, se exige un tratamiento especial a la víctima.
5. El art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén do Pará), establece la obligación del Estado Uruguayo de establecer procedimiento legales justos y eficaces que incluyan medidas de protección juicio oportuno y acceso efectivo a tales procedimientos.
6. Las Cien Reglas de Brasilia, recuerdan que el género suele ser un elemento de menoscabo en el acceso a la Justicia, disponiendo que los Estados partes adopten las medidas necesarias para garantizar el mismo de forma adecuada.
7. La Ley Nº 19.580 establece en su art. 8 que la mujer víctima de violencia tiene derecho a ser escuchada y obtener respuestas oportunas y efectivas, a recibir protección inmediata y preventiva cuando se encuentren amenazados sus derechos. 

1. Corresponde desestimar la pretensión in totum y en su mérito, no hacer lugar a la interrupción voluntaria del embarazo peticionada en tanto si bien la actora solicita la interrupción de su embarazo en los términos del art. 6, inc. B) de la Ley N° 18.987 -por encontrarse fuera del plazo permitido de las 12 semanas de gestación- surge de las pericia médicas que hasta el momento no existen evidencias de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina, por lo que no es posible acceder al petitum dado que la ley es clara al exigir malformaciones, máxime cuando tampoco existe riesgo alguno para la vida de la madre al dia de hoy, dado que al no estar el útero preparado para el parto, deviene mas riesgoso la realización del aborto en esta etapa que al propio término del embarazo.
2. El amparo es un medio procesal que tiene por objeto velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales; en rigor, se trata de evitar la consumación irreparable del acto reclamado objeto esencial de la acción de amparo, que consiste en la restitución del quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada (art. 2 de la Ley N° 16.011).
3. La Ley N° 18.987 habilita la interrupción del embarazo, luego de las 12 semanas de gravidez, pero deben reunirse determinadas condiciones para soslayar el límite temporal fijado por el art. 2 de la referida Ley; de esta forma, la interrupción del embarazo en caso de anomalías fetales, requiere que la malformación sea incompatible con la vida extrauterina; no es posible en caso de malformaciones fetales graves, pero no incompatibles con la vida extrauterina interrumpir el embarazo ya que la indicación de salud mental de la mujer no es suficiente.
4. La importancia de la prueba pericial reside en que el juez es un técnico en derecho, pero carece generalmente de conocimiento sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte, de técnica, de mecánica, de numerosas actividades prácticas que requieren estudios especializados o larga experiencia; resulta claro que los jueces no están obligados a seguir la opinión de los peritos, debiendo valorarlo conforme las reglas de la sana crítica pero naturalmente, el rechazo por el Juez del dictamen, debe basarse en razones serias, en un análisis crítico tanto de los fundamentos como de las conclusiones que lo llevan al convencimiento de que carece de los requisitos examinados en los números anteriores; pero, si por el contrario, el juez considera que los fundamentos y las conclusiones del dictamen reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia, que para el caso pueden exigirse, por el cual queda convencido de la certeza de esas conclusiones, no puede rechazarlas sin incurrir en arbitrariedad.

1. Corresponde desestimar la excepción de inconstitucionalidad interpuesta contra 52 arts. del nuevo C.P.P. (Ley Nº 19.293 y modificativas) por la defensa de un hombre investigado por negociación con estupefacientes, en tanto en esta oportunidad es aplicable el art. 519 del C.G.P. por medio del cual se puede decidir mediante resolución anticipada las cuestiones de inconstitucionalidad siempre que exista jurisprudencia sobre el caso planteado y se decida mantener su anterior criterio, como es el caso de la sentencia Nº 667 dictada el 28 de mayo de 2018, por la cual se desestimó la excepción de inconstitucionalidad opuesta por los defensores de un abogado investigado por amenazas proferidas contra el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.
2. La regla constitucional que impone la suspensión de los procedimientos como consecuencia de un planteo de inconstitucionalidad por quien esgrime la titularidad de un interés directo, personal y legítimo amparado por la CN, debe igualmente conciliarse y contemplarse con otras situaciones jurídicas subjetivas igualmente tutelables en el orden constitucional, puesto que se está ante un caso típico de lo que, modernamente, se denomina tensión constitucional
3. Si es de esencia que las normas se orientan a la realización de un fin, va implícito que la labor del intérprete ha de orientarse en vista del fin propuesto y que, por tanto, cuando al examinar un precepto del sistema jurídico se le presenten como posibles varias soluciones interpretativas distintas, el criterio para elegir entre ellas le estará dado por la consideración de cuál de los criterios interpretativos se ajusta mejor a la realización del fin que la norma trata de realizar.

1. Corresponde decretar el procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria del ex vice presidente de la República por el delito de abuso innominado de funciones, en régimen de reiteración real con reiterados delitos de peculado, en calidad de autor (art. 60, num. 1 del Cód. Penal), en tanto la conducta del co-indagado se adecua en este caso a la previsión del art. 162 del Cód. Penal dado que el entonces Presidente de la Asociación encausada realizó actos arbitrarios en abuso de su cargo, al exceder el ámbito de su competencia y violentar las formalidades que impone la normativa para su actuación -especialmente para la firma de un contrato- exponiéndola a acciones indemnizatorias que a la fecha aún no se han laudado.
2. Corresponde desestimar la solicitud de enjuiciamiento respecto de los 6 restantes indagados, en tanto, la conducta desplegada, en cada caso, no reúne los caracteres necesarios para ser calificada como actos arbitrarios dictados con abuso del cargo dado que fueron decisiones adoptadas en el ámbito de la competencia funcional de sus respectivos cargos, máxime cuando no surge acreditado en ninguno de los casos que se haya actuado con desviación de poder o por móviles espúreos o contrarios al interés público, ni que el accionar haya estado dirigido a ocasionar un perjuicio, sea a la Administración o a los particulares.
3. De acuerdo a lo previsto por el art. 125 del C.P.P., se exige para dar inicio al sumario que, habiendo valorados las probanzas recibidas conforme las reglas de la sana crítica, resulte primariamente de  la misma que ha ocurrido un hecho con apariencia delictiva y que existan elementos de convicción suficiente para establecer prima facie que el indagado tuvo participación en el mismo. 
4. La exigencia de suficiente que constituye la nota distintiva de la prueba reunida para procesar a un individuo, debe ser correlacionada con la requerida para condenar que no es otra que la plena prueba; es decir, la suficiencia requerida lo es en relación a los elementos de convicción, o dicho de otra manera, suficientes probanzas que persuadan que el imputado tuvo participación en el delito, pero además esto supone que cuando las pruebas recogidas en la etapa presumarial carecen de esta idoneidad probatoria, el Juez no debe trasponer esta etapa del procedimiento penal
5. El delito consagrado en el art. 162 del Cód. Penal. constituye un tipo penal abierto por entender que es una forma de extender al aparato punitivo una carta de crédito en blanco, pronta a ser llevada según el momento, circunstancia y valoración de los operadores penales. 

1. Corresponde confirmar la recurrida por medio de la cual se procesó con prisión a un hombre como autor de un delito de Asistencia al Lavado de activos, en tanto si bien en autos la defensa expresó que los hechos con apariencia delictiva imputados al procesado fueron consumados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 19.574 -que derogó el art. 57 del Decreto Ley N° 14.294- por lo que la recurrida se fundó en una cuestión normativa que ya no estaba vigente, se advierte que la norma que deroga el delito de Lavado de activos previsto en una ley anterior, está en una ley que constituye un compendio o codificación de todo lo vinculado con el Lavado; es decir, una ley sancionada para actualizar y sistematizar su regulación anterior, y profundizar su combate por lo que mal podría considerarse (como no se adujo) que la nueva ley abolió la ilicitud de esa conducta solo por haber derogado la norma referida al tipo penal en el ropaje de una ley anterior, siendo que la nueva ley no deja de penalizarlo.
2. Los dos principios de la ultractividad de la ley anterior y de la retroactividad de la ley penal más favorable al reo, se entrecruzan,  llevando a situaciones complejas.
3. De los arts. 15 y 16 del Cód. Penal se pueden distinguir al respecto cuatro hipótesis según que la nueva ley importe otorgar naturaleza de delito a un hecho que precedentemente no lo tenía; quitarle tal carácter a un hecho que anteriormente lo tenía; mantener para el comportamiento la naturaleza delictual pero estableciendo una pena de entidad diversa, en más o en menos; y establecer la prescripción de un delito, e involucrar disposiciones procesales.
4. El ordenamiento jurídico no permanece inmutable en el devenir del tiempo, y mientras unas leyes se extinguen, otras nuevas surgen para servir a las transformaciones de las exigencias de la sociedad.

1. Corresponde absolver a 3 hombres de los delitos de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito homicidio muy especialmente agravado (en calidad de autores en el primero, mientras que en el segundo los dos primeros como autores, y la última como coautora), y en su mérito disponer su libertad debiendo cumplirse con lo dispuesto en los arts. 119 inc. 3 y 4, 124 del C.P.P., en tanto -si bien venían siendo sometidos a juicio desde el pasado mes de noviembre por rapiña y homicidio de un hombre que acompañaba a su cuñada mientras recogía la recaudación por apuestas en comercios de un balneario- la fiscalía cuando desplegó su teoría del caso y presentó la prueba no logró acreditar la responsabilidad de los imputados y haciendo referencia a los cambios introducidos desde el 1 de noviembre del año pasado con el nuevo sistema penal acusatorio, no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso plena prueba de la que resulte racionalmente la certeza del delito y la responsabilidad del imputado.
2. Conforme al art. 142, inc. 1 del C.P.P. en el juicio oral, a diferencia de lo que ocurre en el proceso abreviado (art. 142, inc. 3), no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso plena prueba de la que resulte racionalmente la certeza del delito y la responsabilidad del imputado; por ende, en caso de duda, deberá absolverse al imputado.
3. El nuevo sistema penal acusatorio implica un cambio esencial en los roles de los sujetos que intervienen, fundamentalmente redefiniendo la actuación de jueces y fiscales, sin perjuicio de las mayores garantías y derechos que se regulan para el imputado y las amplias facultades de la defensa; a ello se le suma el fortalecimiento del rol e intervención de la víctima y su defensor.

El objeto del presente texto es analizar la legalidad de las cláusulas de reglamentos de copropiedad que prohíben la tenencia de animales domésticos. El estudio se realiza a la luz de lo dispuesto por los distintos instrumentos jurídicos que reconocen y consagran el derecho de propiedad, así como de la Ley 18.471 y su Decreto Reglamentario 204/017, referentes ...

Este comentario es un somero análisis de sentencias interlocutorias, producidas durante un proceso por Violencia doméstica. El caso fue llevado por la alumna Stephanie Da Rosa, de 5° año de Abogacía, como trabajo de Consultorio jurídico y bajo la supervisión de las profesoras a cargo. El trabajo es también obra del equipo. 

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