1. Corresponde confirmar la recurrida por medio de la cual se condenó a la administración demandada a suministrar a la actora el implante percutáneo de válvula aórtica, debiendo brindar procedimiento, materiales y gastos para el tratamiento de la enfermedad del accionante (estenosis valvular aórtica), en tanto surge probada que la omisión del condenado de ingresar el dispositivo TAVI al Plan Integral de Atención a la Salud -único procedimiento que parece viable para situaciones como la que presenta la actora-, configura una omisión manifiestamente ilegítima en los términos de la Ley Nº 16.011, violatoria de lo establecido en los arts. 44, 72, 332 de la CN, dado que no se ofrece por la autoridad competente en políticas de salud, una alternativa válida que preserve la salud y en definitiva la vida de quienes necesitan su aplicación, máxime cuando no fue controvertido y además surge de autos que la actora no cuenta con ingresos que le permitan solventar el procedimiento que necesita de su peculio.
2. Para que prospere la acción de amparo, deben concurrir los elementos objetivos reseñados en los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 16.011 que son en sustancia los que definen las características de este Instituto: un acto, hecho u omisión, que lesione, restrinja, altere o amenace un derecho o libertad reconocida, expresa o implícitamente por la CN, con manifiesta ilegitimidad, provocando o amenazando provocar al titular del derecho un daño irreparable y por último que no existan en el ordenamiento jurídico otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que se persigue con el Amparo o de existir que resultaren claramente ineficaces para tal pretensión.

1. Corresponde confirmar la apelada por medio de la cual se condenó a la administración demandada a proporcionar un medicamento a la actora que padece amiloidosis, en tanto si bien la demandada negó el tratamiento alegando que dicha droga no se encontraba incorporada al Formulario Terapéutico de Medicamentos, la prueba es contundente en que la paciente necesita el medicamento como su alternativa terapéutica, no surgiendo demostrado que pudiere existir para la actora otra igual o mejor, que le permitirá enfrentar su enfermedad en relación de medios con más auspiciosas chances de sobrevida y de dignidad o calidad de vida, máxime cuando la actitud del Ministerio demandado también supone la perplejidad de que quien pueda tener acceso económico al medicamento (que no es la situación de la reclamante) no tendrá que enfrentarse al requerimiento burocrático de si la droga está autorizada o no, lo que importa una grave violación al principio de igualdad y al debido acceso a los derechos (arts. 8, 72 y 332 de la CN), entre los que se encuentran los inherentes a la Vida y a la Salud.
2. No puede desconocerse que acorde al art. 1 de la Ley Nº 18.256, todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, así como a la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, de conformidad con lo dispuesto en diversos convenios, pactos, declaraciones, protocolos, y convenciones internacionales ratificados por Ley; si bien esta norma se dictó en ocasión de una Ley contra el tabaquismo, sentó lo antedicho como principio general, que no habrá de desatenderse porque como principio, el legislador no estableció distinciones.

1. Corresponde confirmar la recurrida por medio de la cual se condenó al Estado a suministrar a la parte actora un medicamento por el periodo que dure el tratamiento, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 9, lit. c de la Ley Nº 16.011, en tanto en el marco de un proceso donde se reclama un medicamento para un hombre joven que padece esclerosis múltiple, surge que la conducta seguida por la administración violentó el derecho a la salud, a una vida digna y una mejor calidad de vida del demandante, a razón de que la omisión en proceder a incluir el medicamento requerido en el FTM (Formulario Terapéutico de Medicamentos) -cuando hay evidencia científica de su bondad para la patología del actor- constituye una conducta manifiesta ilegítima, contraviniendo con lo dispuesto en los arts. 44, 72 y 332 de la CN, máxime cuando en la presente etapa, no hay otro remedio jurídico para prevenir o reparar el eventual daño que se reclama, pues no contar con la medicación, en el caso del actor aparejaría un deterioro en su salud que pone en riesgo la vida.
2. Para que prospere la acción de amparo, deben concurrir los elementos objetivos reseñados en los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 16.011 que son, en sustancia los que definen las características de este Instituto, a saber: un acto, hecho u omisión, que lesione, restrinja, altere o amenace un derecho o libertad reconocida, expresa o implícitamente por la CN, con manifiesta ilegitimidad, provocando o amenazando provocar al titular del derecho un daño irreparable y por último que no existan en el ordenamiento jurídico otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que se persigue con el Amparo o de existir que resultaren claramente ineficaces para tal pretensión.
3. El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país; todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad; el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes (art. 44 de la CN).
4. La Ley Nº 18.256 en su art. 1 establece que todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, al mejoramiento en todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente así como a la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, de conformidad con lo dispuesto en diversos convenios, pactos, declaraciones, protocolos y convenciones internacionales ratificados por ley.
5. El Estado garantizará en todos los casos el acceso a los medicamentos incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos; todas las patologías, agudas o crónicas, transmisibles o no, deben ser tratadas, sin ningún tipo de limitación, mediante modalidades asistenciales científicamente válidas que comprendan el suministro de medicamentos y todas aquellas prestaciones que componen los programas integrales definidos por el Ministerio de Salud Pública de acuerdo con lo establecido por el art. 45 de la Ley Nº 18.211; los servicios de salud serán responsables de las omisiones en el cumplimiento de estas exigencias (art. 10 de la Ley Nº 18.335).

1. Corresponde declarar la nulidad del despido del actor y disponer su reinstalación a su puesto de trabajo (como pistero en la estación de servicio demandada), condenando a la accionada al pago de la totalidad de los jornales que le hubiere correspondido percibir al actor desde la fecha en que dejó de abonársele el salario hasta su efectiva reinstalación (art. 3 de la Ley Nº 17.940), en tanto en el marco de un despido donde el demandante consideró que la medida se tomó en base a su condición sindical, surge probado que luego que el actor fuese designado como secretario general en 2016 se produjo un clima tenso y distante, con violencia laboral hacia determinados delegados, terminando con un telegrama colacionado de despido en el cual no explicaba el motivo de tal decisión. 
2. El art. 1 de la Ley Nº 17.940 declara de conformidad con el art. 57 de la CN, con el art. 1 del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del art. 9 de la Declaración socio laboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

1. Corresponde desestimar la demanda en todos sus términos, en tanto en el marco de un proceso donde la actora adujo haber constituido un depósito a plazo fijo -que nunca fue restituido por la demandada-, surge que si bien se ha acreditado que las firmas estampadas en las órdenes de transferencia -mediante las cuales se vacia la cuenta- no pertenecen al titular de la misma, se trata de una falsificación que no es notoriamente visible por lo que el banco en cuestión se encuentra amparado en la causal de responsabilidad prevista en el contrato de apertura de cuenta.
2. El depósito bancario es un contrato de mutuo, por el cual el banco realiza con su cliente una operación crediticia pasiva, en virtud de la cual recibe de su cliente, en propiedad, dinero u otros recursos financieros de similar naturaleza, obligándose a devolver, en un momento futuro, recursos de igual especie y calidad; los depósitos bancarios pueden constituirse a plazo fijo o a la vista; en los depósitos a plazo fijo, la obligación del banco de reintegrar al cliente los fondos depositados resulta exigible a partir de la fecha de vencimiento pactada en el contrato.
3. El mutuario está obligado a devolver la cosa mutuada en el plazo y lugar estipulado (art. 2202 del Cód. Civ.); cuando la cosa mutuada no es restituida, existe una obligación de resultado incumplida, ya que el mutuario se obligó a devolverla.
4. Tratándose de una obligación de resultado, acreditado el incumplimiento (no restitución de la cosa mutuada), el mutuario solo puede exonerarse alegado una causa extraña no imputable, encontrándose dicha situación regida por el art. 1342 del Cód. Civ.

1. Corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en tanto en el marco de una demanda de daños y perjuicios contra la administración donde se sostuvo que la demandada había incurrido en una serie de irregularidades que le imposibilitaron a la demandante tener una chance legítima de ascender de grado en su carrera administrativa, surge que el impugnante no cumplió en forma adecuada con la carga prevista por el art. 273 num. 1 del C.G.P., dado que el medio impugnativo no contuvo la mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas.
2. El art. 273, num. 2 del C.G.P. establece que la expresión de motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos en manera clara y concisa.

1. Corresponde confirmar la apelada por medio de la cual se condenó a la administración a financiar el procedimiento de embolización selectiva renal, en tanto si bien en los agravios no se repite la defensa relativa a que era una innovación terapéutica es de ver que esa defensa no fue objeto de mínima prueba, incumpliendo así con la carga de probar las razones de índole científicas (arts. 137 y 139, inc. 1 C.G.P.), máxime cuando si bien jurídicamente es claro que el demandado no es prestador directo del servicio requerido, no es en tal carácter que se le impuso la condena sino que frente a un derecho conculcado que requiere urgente tutela, su condena es la única forma de hacer efectiva la responsabilidad estatal, en ejercicio de la actividad jurisdiccional de control del accionar de los restantes poderes del Estado. 
2. El derecho a la salud (en muchos casos estrechamente vinculado con el derecho a la vida) está garantizado por la CN y por normas de fuente internacional (Declaración Universal de DDHH, arts. 3 y 25; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12 donde dice que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 6 inc.1; Pacto de San José de Costa Rica, arts. 4 y 5).
3. La Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece estándares para el derecho a la salud, señala que la infraestructura y los servicios de salud deben ser accesibles a todas las personas sin discriminación, incluyendo accesibilidad económica.
4. La protección del derecho a la salud es obligación impostergable del Estado, que debe tutelarla, dictando las normas necesarias y velando por su cumplimiento a fin de asegurar la real existencia de este derecho, lo que en autos no ha acontecido.
5. El art. 4 de la Ley Nº 18.211 expresa que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene como objetivo, entre otros, alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población mediante el desarrollo integrado de actividades dirigidas a las personas y al medio ambiente que promuevan hábitos saludables de vida, y la participación en todas aquellas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población; también se agrega como objetivo el implementar un modelo de atención integral basado en una estrategia sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas integrales y acciones de promoción, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, recuperación y rehabilitación de la salud de sus usuarios, incluyendo los cuidados paliativos.

1. Corresponde confirmar la apelada por medio de la cual se desestimó la demanda intentada -donde el demandante reclamó el reintegro de sus haberes salariales, descontados indebidamente ya que alega haberse encontrado en licencia médica (art. 477 del TOFUP)-, en tanto la Junta Médica interviniente en su informe no le privó de trabajar (no tenia 100% de incapacidad) sino que sugirió que lo haga en otro sitio acorde a su condición, circunstancia ésta última que fue cumplida por la Administración, por lo que las faltas no están justificadas deviniendo el descuento de los haberes como correcto y legítimo por ausencia en el puesto de trabajo. 

1. Corresponde confirmar la impugnada por medio de la cual se condenó a la administración a suministrar a la actora un medicamento en el plazo de 24 horas, en tanto en el marco de un reclamo de una paciente de 51 años que padece cáncer de riñón surge que el accionar de la demandada ha sido manifiestamente ilegítimo, dado que no solo demoró casi 4 meses en brindar una respuesta negativa, sino que desatendió sin fundamento razonable las opiniones de los médicos intervinientes, máxime cuando aferrarse a que es indiferente indicar un medicamento incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos que hacerlo con el que en autos se solicita porque no se ha comprobado diferencia estadística significativa en la sobrevida global, no es más que deshumanizar la respuesta esperable del Estado.
2. El derecho a la salud reconoce rango constitucional, ha sido consagrado y perfilado en diversos instrumentos de carácter internacional y nacional: arts. 44 y 72 de la CN, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12), el Protocolo de San Salvador que amplía la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 10), y, en especial, las Leyes Nº 18.211 y Nº 18.335.
3. El art. 4 de la Ley Nº 18211 expresa que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene como objetivo, entre otros, alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población mediante el desarrollo integrado de actividades dirigidas a las personas y al medio ambiente que promuevan hábitos saludables de vida, y la participación en todas aquellas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población; el objetivo es implementar un modelo de atención integral basado en una estrategia sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas integrales y acciones de promoción, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, recuperación y rehabilitación de la salud de sus usuarios, incluyendo los cuidados paliativos.

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