1. Corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia que revocó el procesamiento con prisión de un ex integrante del MLN-T -acusado por delitos de lesa humanidad-, en tanto ninguno de los motivos de agravio invocados por el Fiscal Letrado Nacional resultan susceptibles de provocar nulidad de la sentencia impugnada, dado que si el tribunal consideró que las detenciones llevadas a cabo fueron legítimas, entonces la conducta del acusado no pudo tipificar el delito de privación de la libertad concebido como de lesa humanidad, máxime cuando la colaboración que un civil hubiera prestado a un funcionario del Estado para la realización de una actividad de detención amparada por el orden jurídico vigente no puede ser considerada ilícita.
2. Tanto el principio de congruencia, como el dispositivo, constituyen principios o reglas dirigidas al tribunal como deberes a cumplir cuando juzga, no cuando actúa.
3. La motivación de la sentencia constituye, sin duda alguna, la parte más importante de la sentencia, en ella, el juez expone los motivos o los fundamentos en que basa su decisión, es decir qué fue lo que lo determinó a adoptar una u otra solución al conflicto que debía resolver.

1. Corresponde tener por formulados los fundamentos por los que se decretó el enjuiciamiento con prisión del acusado, bajo la imputación prima facie de la autoria de un delito de homicido culposo (arts. 60 y 314 del Cód. Penal), en tanto en el marco de un homicidio culposo de una mujer de 63 fallecida por shock anafiláctico surge que el argumento utilizado por la médica profesional de que nadie le advirtió que la paciente era alérgica, es inaceptable, puesto que la responsabilidad sobre la misma era de ella, dado que en la guardia decidió atenderla, aún, cuando la paciente estaba esperando a otro doctor para ser ingresada para estudio, por lo que a ella le correspondía informarse más allá de cualquier práctica, máxime cuando en la historia clínica y en el resumen de alta, a los cuales la médica en cuestión tuvo alcance, figuraba que la paciente era alérgica a la ampicilina, y al administrado la medicación que le dio, revela, que no fue cuidadosa en la lectura de la misma.
2. Conforme al decreto Nº 258/92 art. 36, el paciente tiene derecho a recibir información completa sobre el diagnostico de su enfermedad, tratamiento y el pronóstico, expuesta de modo sencillo
3. El delito de Homicidio culpable (art. 314 del Cód. Penal) se trata de homicidio cometido sin intención de matar, derivado por imprudencia, negligencia, impericia o violación de leyes y reglamentos, de un acto jurídicamente indiferente o penalmente no sancionado, cuando el resultado pudo preverse y no se previó.
4. La culpa se configura siempre que concurran las condiciones siguientes: a) acto inicial jurídicamente indiferente; b) conciencia y voluntad del acto inicial; c) falta de previsión del resultado; d) previsibilidad del resultado; e) imprudencia, negligencia, impericia o violación de leyes o reglamentos, aislada y combinadamente; f) relación de causalidad psíquica sobre la conducta del agente y el resultado; g) resultado típico o previsto por la ley. 
5. En reiteradas oportunidades la Corte expuso el criterio que el Art. 174 del C.P.P. consagra a los efectos de la valoración de la prueba el sistema de la sana crítica, otorgándole al magistrado la libertad para apreciar la eficacia persuasiva de la prueba, teniendo como único límite el que el juicio sea razonable, adecuado a las Leyes de la lógica y debidamente explicitado, de forma de permitir el control de su logicidad.

1. Corresponde disponer el procesamiento de un hombre condenado por el delito de violencia privada (arts. 60 y 288 del Cód. Penal), en tanto de la investigación surge que el acusado persiguió al joven - que luego falleció-, pegándole con una mano y quitándole el dinero con la otra.
2. Corresponde disponer el procesamiento de un hombre condenado como autor del delito de lesiones graves (arts. 60 y 317 del Cód. Penal) contra un joven lluego falleció, en tanto según consta de las actuaciones del forense, el joven sufrió una fractura del malar izquierdo y si bien el indagado tan solo reconoce la existencia de un forcejeo, su declaración no es creíble ya que varios testigos lo señalan como una de las personas que propinó los golpes.
3. Corresponde disponer el procesamiento de dos personas condenadas por el delito de falso testimonio (arts. 60 y 180 del Cód. Penal), en tanto quienes fueron citados como testigos al comienzo de la averiguación de los hechos, indicaron haber visto al joven fallecido luego de los hechos investigados, sosteniendo su mentira hasta que aparecieron los restos óseos del occiso, momento en que reconoce que sus dichos no son ciertos resulta que ambos con sus dichos pretendieron engañar a la justicia desviando la línea de investigación, ya que ambos ocultaron la verdad con conciencia y voluntad.

1. Corresponde decretar el procesamiento con prisión de un hombre como presunto autor de 3 delitos de homicidio, uno de ellos muy especialmente agravado por ser la victima un policía que cumplía funciones como guardia de seguridad en una pizzería, otro en grado de tentativa, dos delitos de rapiña especialmente agravados por el uso de arma de fuego,  todos ellos en régimen de reiteración real (arts.54, 60, 171, 172, 310, 312, 341 y 344 del Cód. Penal), en tanto de la prueba obrante en autos surge que el acusado fue quien disparó al guardia de seguridad al intentar impedir el robo que se estaba perpetuando en el local de comidas, ocasionándole la muerte, máxime cuando también se constata la participación del encausado en dos intentos de rapiña a dos locales comerciales, uno de los cuales fue efectivamente concretado.

1. Corresponde confirmar la impugnada -donde se condenó al Ministerio del Interior a pagar al actor las diferencias generadas desde el mes de octubre de 2010 hasta la fecha de pasaje a retiro-,  en tanto no resultan de recibo los agravios del apelante en cuanto a la procedencia del reclamo a la diferencia salarial que se produjo por la incorrecta liquidación de los rubros compensación por permanencia (art.118, Ley Nº 16.320) y prima por antigüedad (art.21, Ley Nº 16.333), ya que el propio recurrente, en cumplimiento de la Sentencia N° 474/2012, dictada por el T.C.A. en expediente “Barreiro Pérez, Laureano J. c/Ministerio del Interior s/Acción de Nulidad - Ficha 295/11”, dictó una Resolución el 22/12/2015 que echa por tierra toda la argumentación formulada por el apelante ya que dispone el pago de las compensaciones objeto de obrados en cumplimiento de la sentencia mencionada. 

1. Corresponde confirmar la sentencia que condenó a indemnizar a la demandada en concepto de regulación de honorarios, en tanto resulta de franco rechazo el agravio de la demandada en punto a cuestionar el derecho al cobro honorarios por parte del Defensor de oficio, en razón de haber sido beneficiada de auxiliatoria de pobreza durante el proceso de prescripción adquisitiva dado que dicho beneficio fue otorgado para litigar en el proceso referido y sin perjuicio de mejor fortuna, resultando indudable que varió su situación económica al haber adquirido el dominio sobre el inmueble objeto del proceso, máxime cuando en cuanto a la cuantía fijada, tampoco se reciben los agravios de los impugnantes, habida cuenta que la decisión de la sentenciaste resulta una justa retribución como honorario para el profesional en el caso concreto.
2. La determinación del precio de costumbre que conforma el objeto del proceso de Regulación de Honorarios, no habrá de ser el resultado de la mera aplicación del Arancel, el que no constituye sino una guía, pero carece de obligatoriedad; corresponde al Juzgador determinar el precio de costumbre actuando lo edictado en el art. 1834 Cód.Civ. esto es, fijando el correspondiente al servicio concretamente prestado que se ha de definir, en tanto objeto de un vínculo obligacional, en razón de pautas legales (la importancia económica del asunto, su complejidad, el trabajo realizado, la eficacia de los servicios profesionales y, en cuanto corresponda, el Arancel.
3. La Ley Nº 15.750 en su art. 144 establece específicamente que los honorarios debidos se reajustarán durante el lapso que corra entre la presentación de la demanda de regulación y el momento del pago y devengarán el interés legal.

1. Corresponde revocar parcialmente la sentencia impugnada en cuanto se fijan los montos pertenecientes al rubro de daño moral, daño emergente y se modifica el perteneciente al lucro cesante pasado, desestimándose el lucro cesante futuro, en tanto en el marco de un proceso de responsabilidad contractual por accidente de tránsito entre un ciclista y un automotor en un cruce señalizado y de noche, se confirma la responsabilidad compartida, siendo 20% imputable a la actora por no tener luces delanteras que hubieran permitido verla venir por la tranversal, y el restante imputable a la demandada ya que ante la ausencia de prueba testimonial respecto a cómo se produjo el accidente, resulta de orden aplicar la presunción de culpa que pesa sobre el demandado, quien no respetó el cartel de Pare.
2. La Ordenanza General de tránsito de Canelones en su art. 65, establece que todo vehículo debe disminuir la velocidad en un cruce, incluso quien circule por vía preferencial.
3. Ante la ausencia de una norma específica en materia de responsabilidad extracontractual, se considera que la norma análoga a la que cabe recurrir como medio integrativo es la establecida en el art. 1348 inc. 3 del Cód. Civ.

1. Corresponde revocar la impugnada -por medio de la cual se atribuyó culpa compartida en la responsabilidad de un accidente de tránsito siendo atribuido el 70% al demandado, un 20% al actor y un 10% a una causa extraña-, en tanto es aplicable al caso el art. 1319 del Cód. Civ. y no el del 1324 del Cód. Civ., dado que el demandado era quien tenia la preferencia de paso y estaba a cargo del actor la destrucción de la presunción, hecho que no ocurrió ya que el actor no logró probar que la única causa del accidente se debió a la conducta de su contraria, máxime cuando el motonetista en su propia declaración dijo haber visto la camioneta que se acercaba a la esquina, por lo que debió permitir su paso, no frenar y largarse a cruzar como lo hizo (violando el art. 17 de la Ley Nº 18.191), además que debió advertir en su versión el exceso de velocidad y entonces debió ser aún más previsor y detenerse totalmente.
2. En virtud del principio de congruencia que se impone en toda decisión judicial (art. 198 del C.G.P), el Tribunal de alzada por mandato legal (art. 257 del C.G.P), se ve limitado a revisar únicamente lo que fue expresión de agravios, sin perjuicio de las facultades que le confiere el legislador acorde lo preceptúa el art. 217 y art. 257 del C.G.P.
3. La expresión de agravios debe ser un examen crítico del pronunciamiento recaído, que examine los fundamentos de la decisión y analice concretamente el supuesto error in indicando, para concluir fundamentando la necesidad de que el fallo sea revisado; ello es así puesto que el reexamen en la alzada no se justifica únicamente mediante la reiteración de pretensiones deducidas y mantenidas a lo largo del juicio, sino también por la referida impugnación crítica que ponga en entredicho la decisión de primer grado, atacando sus bases fácticas y jurídicas.
4. La Ley Nº 18.191 en su art. 17 habla sobre las preferencias de paso, indicando en su inc. 1) que al aproximarse a un cruce de caminos, una bifurcación, un empalme de carreteras o paso a nivel, todo conductor deberá tomar precauciones especiales a fin de evitar cualquier accidente; en su inc. 2) todo conductor de vehículo que circule por una vía no prioritaria, al aproximarse a una intersección, deberá hacerlo a una velocidad tal que permita detenerlo, si fuera necesario, a fin de ceder paso a los vehículos que tengan prioridad; y por último en su inc. 3) cuando dos vehículos se aproximan a una intersección no señalizada procedentes de vías diferentes, el conductor que observase a otro aproximarse por su derecha, cederá el paso.

1. Corresponde confirmar la impugnada -que declaró la falta de legitimación pasiva en el marco de un proceso contra los médicos intervinientes en la operación de una beba de 16 meses que falleció-, y en consecuencia, desestimar el agravio respecto a la falta de consentimiento informado, dado que dicho consentimiento no tiene por qué ser por escrito en diciembre del 2004 -cuando ocurrieron los hechos encausados-, ya que es requerido a partir de la Ley Nº 18.335 del 15/8/2008, máxime cuando de la secuencia de hechos relatados por las partes vinculados a la salud de la bebé desde su nacimiento, actos médicos consignados en la historia clínica, informes periciales, se debe presumir que los padres estuvieron en contacto permanente con los médicos desde su nacimiento, entonces no se puede concluir que se hizo la operación sin el consentimiento informado de sus padres, quienes sabían o debían saber que desde su nacimiento era una paciente difícil, con múltiples patologías. 
2. En virtud del principio de congruencia que se impone en toda decisión judicial (art. 198 del C.G.P), el Tribunal de alzada por mandato legal (art. 257.1, 257.2, 257.3 del C.G.P), se ve limitado a revisar únicamente lo que fue expresión de agravios, sin perjuicio de las facultades que le confiere el legislador acorde lo preceptúa el art. 217 y art. 257.4 del C.G.P.
3. La expresión de agravios debe ser un examen crítico del pronunciamiento recaído, que examine los fundamentos de la decisión y analice concretamente el supuesto error in indicando, para concluir fundamentando la necesidad de que el fallo sea revisado; ello es así puesto que el reexamen en la alzada no se justifica únicamente mediante la reiteración de pretensiones deducidas y mantenidas a lo largo del juicio, sino también por la referida impugnación crítica que ponga en entredicho la decisión de primer grado, atacando sus bases fácticas y jurídicas.
4. En casos de responsabilidad médica la prueba pericial es esencial, fundamental, pues resulta prácticamente imposible la formulación y fundamentación de un fallo judicial condenatorio si no se cuenta con un dictamen pericial médico.
5. La culpa médica se rige por los principios generales de la común; existe responsabilidad médica siempre que se cometan errores objetivamente injustificables para un técnico de la categoría, solución común a todas las profesiones sin exclusión sin necesidad de atribuir su tratamiento a tribunales especializados, descartándose toda categorización especial de la culpa médica o de reglas especiales para determinar su configuración con relación a médicos o centros asistenciales.
6. El art.184 del C.G.P cuyo nomen iuris es Apreciación del dictamen, preceptúa que los dictámenes de los peritos salvo el caso de que las partes le hayan dado a éstos el carácter de arbitradores respecto de los hechos establecidos en sus conclusiones y se trate de derechos disponibles, serán apreciados por el Tribunal de acuerdo con las reglas de la sana crítica (art.140), debiendo consignar en el fallo los motivos que tenga para apartarse de ellos cuando así lo haga; es claro que la pericia no es vinculante para el juez, pero -para apartarse de sus conclusiones- el juez tiene que tener motivo fundado.

1. Corresponde disponer el enjuiciamiento y prisión de un hombre imputado de la autoría de reiterados delitos de atentado violento al pudor en reiteración real con reiterados delitos de fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces y en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo (arts. 54, 56, 58, 60 y 273 del Cód. Penal), en tanto se ha acreditado en forma primaria que el acusado, abusando de su conocimiento de la familia de autos, realizó actos obscenos diversos de la conjunción carnal, no como prolegómenos naturales de un proceso para llegar a la cópula, sino como un acto independiente cumplido para satisfacer un fin libidinoso, sobre la persona de los niños, ello en reiteradas ocasiones, máxime cuando surge plenamente acreditado que el indagado filmó a los menores en secuencias de claro tenor obsceno, para su posterior reproducción con la finalidad de satisfacer su libido.
2. Corresponde disponer el enjuiciamiento y prisión de una mujer imputada de la autoría de un delito continuado de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad (arts. 60, 279 B del Cód. Penal), en tanto quien dice ser la madre de los menores de autos ha evidenciado una absoluta omisión en el cumplimiento de los deberes de cuidado y vigilancia inherentes a la patria potestad, posibilitando y quizás prohijando la ocurrencia de los abusos detectados.

La globalización ha provocado un incesante auge de los delitos trasnacionales y una expansión de verdaderas redes criminales multinacionales que exigen, a modo de contrapartida, la creación y el desarrollo de un Derecho penal a la altura de los fenómenos delictivos modernos. El presente trabajo aborda los desafíos que enfrenta el actual Derecho penal para reconfigurarse como trasnacionalmente ...

Se busca distinguir qué es la objeción de conciencia en relación a otros institutos, así como determinar sus límites y naturaleza jurídica, en el derecho interno y en el derecho internacional. Luego se estudia a la objeción de conciencia como derecho fundamental, como causa de justificación en el derecho penal uruguayo. 

The article search to identify the ...

En este artículo buscamos analizar el concepto de discrecionalidad jurídica tal y como ha sido propuesto por la doctrina administrativista nacional, y en especial, analizar la noción de “conceptos jurídicos indeterminados” propuesta por García de Enterría. Para ello, tomaremos algunos conceptos trabajados por la Teoría del Derecho contemporánea de cara a concretar si la propuesta de García de ...

En este artículo se trasmiten las conclusiones a las que se arriba luego de analizar, en toda su comprensión, el Proceso de Jactancia regulado por el Código General del Proceso de Uruguay, teniendo en especial presentes todas las modificaciones normativas operadas a su respecto por la ley nº 19.090. 

This article conveys the conclusions to which it ...