1. Corresponde confirmar la recurrida respecto a la exoneración de la responsabilidad penal del imputado por un delito de certificación falsa por funcionario público a razón de encontrarse prescripto y, a su vez, revocar en cuanto a la condena del otro coimputado por el delito de abuso de funciones, respecto del cual se exime de responsabilidad penal y se ordena -a tenor del art. 15, inc. 2 del Cód. Penal- la cesación del procedimiento, en tanto la denuncia que dio apertura a estos procedimientos -en mayo del 2010 en el marco de una sospecha de reempadronamiento trucho de vehículos en otros departamentos-, carece de efecto interruptivo puesto que su persecución penal y juzgamiento no está condicionada a la manifestación de voluntad de un determinado sujeto colocado en relación al ilícito penal en una posición relevante (generalmente de víctima o damnificado), por lo que el termino de prescripción expiró en abril del 2012, máxime cuando no se verifica en la especie el delito de abuso de funciones en casos no previstos por la ley.
2. El vocablo legal denuncia no debe ser entendido como mera notitia criminis, esto es, como la puesta en conocimiento a la autoridad de la comisión de un hecho presuntamente ilícito, sino que debe ser interpretada como la manifestación de voluntad del sujeto (legitimado) en punto a la persecución penal del hecho y en los casos que la ley condiciona tal persecución a la existencia de dicha manifestación.
3. El art. 162 del Cód. Penal se imputa cuando no se puede aplicar otra norma del código y no sólo las del Título IV (delitos contra la Administración Pública) sino de todo el cuerpo de leyes, puede decirse que es una disposición doblemente subsidiaria.
4. La retroactividad de la ley penal se aplicará en aquellos casos, en que la nueva ley penal fuera más benigna, sea extinguiendo delitos (abolitio criminis) o tuviera una pena menor, descartara agravantes, etc. y la fundamentación para tal vulneración del principio rector de que la ley no dispone sino para el porvenir, viene dada por razones de índole práctico en algunos casos como ser el principio de Defensa social, en el entendido de que si la ley (el legislador) ha quitado carácter delictivo a un acto, ello obedece a que el mismo ya no significa un riesgo para la defensa social o bien al principio de la mínima suficiencia de la represión; si la ley posterior declara excesiva una pena y establece otra más benigna, a ella debe ajustarse la sanción; por equidad según algunos, por razones de carácter jurídico fundamental según otros.
5. El art. 15 del Código Penal establece que cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa, no se aplicarán a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia (irretroactividad absoluta) y el inc. 2 a su vez refiere que cuando se suprimen en cambio delitos existentes o se disminuye la pena de los mismos, se aplican a los hechos anteriores a su vigencia, determinando la cesación del procedimiento o la condena en el primer caso y sólo la modificación de la pena, en el segundo, en cuanto no se hallare esta fija por sentencia ejecutoriada.
6. Las leyes penales tienen un precepto y una sanción, empero en ocasiones, el precepto aparece como incompleto y variable en cuanto a su contenido y en las que sólo queda fijada con exactitud invariable la sanción; se trata justamente de las leyes penales en blanco, en las cuales el precepto es llenado por otra disposición legal, o por decretos o reglamentos, dado que la conducta en estas especies está determinada de una manera genérica. 

1. Corresponde decretar el procesamiento con prisión de un hombre de 60 años imputado por la preseunta comisión de reiterados delitos de violación y reiterados delitos de atentado violento al pudor (arts. 54, 60, 272 y 273 del Cód. Penal), en tanto siendo el acusado padre de la encausada y a su vez abuelo de las víctimas, surge tanto de sus propias declaraciones como las de su nieto, que desde hace aproximadamente 7 años -de forma intermitente- habría abusado sexualmente del menor (quien ahora tiene 14 años) en reiteradas ocasiones, volviéndose a repetir dicho abuso a principios del año corriente. 
2. Corresponde decretar el procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria de una mujer de 37 años -madre de las víctimas e hija del encausado- por la presunta comisión de un delito continuado de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad (arts. 58, 60, 279 B del Cód. Penal), en tanto en el marco de un proceso penal donde el abuelo abuso sexualmente de su nieto, la acusada teniendo conocimiento de dichos hechos no hizo nada para proteger a sus hijos, ella misma admite que no tomó previsión alguna para que los niños no quedaran solos con su abuelo -ni solos entre sí- porque implicaba “tener que pagarle más dinero a la niñera”.

1. Corresponde decretar el procesamiento con prisión de un hombre que imputado en la comisión de un delito de Privación de la Libertad en concurso fuera de la reiteración con un delito de Homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa (arts. 60, 281, 310 y 312 del Cód. Penal) en tanto, el acusado, portando un arma, amedrentó a un abogado en su estudio particular, por encargo de una persona desconocida, hecho reconocido por el indagado, máxime cuando luego del evento, alardeó de su actividad como sicario enviando a sus amigos videos con imágenes y mensajes encriptados donde aseguraba su rol.
2. Corresponde decretar el procesamiento con prisión de dos hombres bajo la imputación de un delito de encubrimiento (arts. 60 y 197 del Cód. Penal) en tanto, los co-indagados actuaron en beneficio de otro de los coacusados borrando de manera inmediata toda información que éste -alardeando de su actividad como sicario- les había transmitido. 
3. La ratio del auto de procesamiento es un juicio de probabilidad acerca de la comisión de un hecho ilícito y de la participación de un sujeto en el mismo; tal juicio está dirigido a establecer la posibilidad de un objeto en el proceso penal constituido por una pretensión que si bien no se ha ejercido en forma plena por el Ministerio Público, sí lo es en forma preliminar, requiriendo al Juez se someta un sujeto a proceso, con una definición precaria de los elementos propios de cualquier pretensión: sujeto, objeto y causa; el objeto de la incidencia está constituido estrictamente por la sujeción del imputado y la causa es la simple apariencia delictiva de la conducta que preliminarmente se le atribuye, con independencia del tipo que únicamente sirve para la constatación de la sumaria cognitio, justificando aquella sujeción.
4. El régimen general (regla procesal) de la prisión preventiva que habilita la misma cuando exista prueba pendiente de diligenciamiento y esta pueda frustrarse cuando el detenido sea puesto en libertad y obstaculice el derrotero procesal en curso. 

1. Corresponde procesar a un hombre por la presunta comisión de un delito continuado de violencia privada en reiteración real con un delito de incendio especialmente agravado, que concurre formalmente con un delito de daño en calidad de autor (arts. 206, 288 y 358 del Cód. Penal) , en tanto en el marco de un proceso donde luego de varios episodios de violencia doméstica, la mujer -y madre de sus hijos- decide separarse del acusado, surge que el indagado en forma intencional, suscitó una llama con peligro de la seguridad de las cosas o los bienes de las personas o bienes de los demás -habiéndose producido una lesión efectiva- porque su mujer se había ido, máxime cuando la falta de ciertos elementos denunciados sobre la situación de violencia intrafamiliar, no permite calificarla como delito de violencia doméstica, recurriéndose a una figura residual.

1. Corresponde decretar el procesamiento como presunto autor de dos delitos de receptación (art. 350 bis, del Cód. Penal) en reiteración real e imponiéndose como medida alternativa trabajo comunitario, a un hombre a quien se le incautaron más de 30 banderas de un Club de Fútbol, en tanto de la valoración racional de las pruebas de autos, esto es declaraciones de los denunciantes, efectos incautados, registros fílmicos y fotográficos, declaraciones testimoniales de los restantes detenidos y declaración del propio indagado, hacen concluir el indagado, recibió y ocultó los efectos sustraídos, máxime cuando el procesamiento será sin prisión, en virtud de que el delito imputado y sus circunstancias, hacen presumir que no habrá de recaer pena obstativa, ni habrá de sustraerse a la sujeción penal, ni obstaculizará su desarrollo (Ley N° 17726).

1. Corresponde condenar al demandado a proporcionar al actor, la cobertura financiera de los costos de la implantación de un cardiodesfibrilador con resincronizador y todo material o gasto que sea necesario, en tanto el accionado no ha ofrecido prueba alguna tendiente a demostrar que la implantación del dispositivo carezca de efectividad para el tratamiento de la enfermedad del accionante, no existiendo ninguna razón técnica ni científica que respalde su negativa, tratándose de un tratamiento preventivo de eficacia probada para casos de prevención secundaria como el de autos, estando previsto además en las normas la financiación en los casos de prevención secundaria de muerte súbita cardíaca, máxime cuando no solo la negativa opuesta por la demandada estaría generando una desigualdad injustificada entre personas que están en la misma situación, en violación del principio de igualdad (art. 8 de la CN), sino que además están en juego el derecho a la vida y a la salud del actor, derechos fundamentales que de acuerdo a las normas constitucionales e internacionales que regulan la materia, deben prevalecer frente al argumento de la demandada (cuyo rechazo es a razón de que la situación del actor se encuentra fuera de la normativa vigente y de que no se cumplen en el caso con los protocolos y guías elaboradas por la institución).
2. La acción de amparo es un medio procesal residual que sólo procederá cuando no existan otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el resultado perseguido o cuando existen pero resultan claramente ineficaces para la protección del derecho o libertad reconocidos constitucionalmente (art. 2 de la Ley N° 16.011).
3. Está ampliamente aceptada la indicación del implante para la prevención secundaria de la muerte súbita; esto incluye los pacientes con antecedentes de paro cardíaco por fibrilación ventricular no debida a causas transitorias o reversibles.
4. El implante de un cardiodesfibrilador con resincronizador, además de mejorar la función cardíaca en paciente portador de una insuficiencia cardíaca con una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo severa, previene la muerte súbita a una arritmia ventricular, disminuyendo la mortalidad significativamente (en un 30 %), existiendo estudios internacionales que lo avalan.
5. La CN en su art. 44, inc. 2 dispone que el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.

1. Corresponde disponer el procesamiento de un hombre por desacato especialmente agravado en reiteración real con un delito de homicidio (arts. 173 y 310 del Cód. Penal), en tanto en el marco de una medida cautelar de no acercamiento a su pareja -dispuesta para el acusado-, surgen elementos de convicción suficientes que permiten determinarlo como autor de lo ocurrido ya que dicha restricción no fue respetada al encontrarse ambos en una casa de un Balneario, donde con intención de matar, el indagado dio muerte a la joven, asestándole varias heridas y puntazos, algunas de ellas mortales.

1. Corresponde absolver a los acusados, denunciados por difamación -por parte de un hombre que resulto herido de un disparo en un Estadio de Fútbol cuando se disputaba un encuentro deportivo-, en tanto si bien el denunciante adujo que los accionados habían afirmado que en el momento de recibir el disparo estaba vendiendo drogas en un baño del Estadio y que además tenía antecedentes penales -asegurando que no era cierto-, no surge en ninguna de las publicaciones ni links revisados alguna declaración efectuada por los denunciados sobre los hechos causa de estos autos, máxime cuando si bien uno de los co-acusados emitió opinión, lo hizo en desempeño de sus funciones y en la medida que ello trasunte en aras de un propósito de interés general: seguridad pública, mal puede incurrir en responsabilidad.
2. La irresponsabilidad consagrada por el art. 112 de la CN abarca un conjunto de actividades, actos y hechos relativos al ejercicio de las funciones del Legislador, y que puede constituirse (o no) posteriormente, en los fundamentos de un voto u opinión.

1. Corresponde confirmar la sentencia apelada, en tanto si bien para que proceda la responsabilidad pretendida por el actor debe existir un nexo causal entre el evento dañoso en virtud del cual se acciona y la acción u omisión de la demandada que en definitiva determinó su acaecimiento, en la especie no surge acreditado dicho nexo causal imprescindible, ya que el accidente no se produjo como consecuencia del canalón en mal estado, sino en virtud de la colisión que sufriera el reclamante con otro birrodado, máxime cuando antes de la caída del actor dentro del alcantarillado ocurrió la colisión entre dos motos donde en una de ellas viajaba la víctima-, y de la prueba producida no surge que los daños se hubieren producido por el estado en que encontraba el canalón, por la colisión o por ambas.
2. Para que el Estado deba responder por las consecuencias dañinas derivadas de su actividad se deben configurar una serie de requisitos, a saber, 1) la existencia de un daño cierto; 2) la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio; 3) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada; 4) la necesaria verificación de la existencia de un sacrificio especial en el afectado y 5) ausencia de un deber jurídico a su cargo de soportar el daño.
3. Conforme a la CN el Estado es civilmente responsable en caso de que se configure una falta en el servicio a su cargo que implique un daño causado a terceros (art. 24 CN) y siempre que exista un nexo de causalidad entre tal falta y el perjuicio.
4. Si el servicio no funcionó, si funcionó con demora o funcionó irregularmente deriva responsabilidad; en el mal funcionamiento del servicio quedan comprendidos los casos de culpa personal del funcionario, porque es evidente que en tales casos el servicio no funciono como era debido. 

1. Corresponde desestimar la pretensión de declaración de inconstitucionalidad deducida por vía de acción por un grupo de personas por considerar que se vieron desfavorecidos en los montos que se establecieron a sus jubilaciones varias de las disposiciones de la Ley N° 16.713, en tanto aun cuando se llegara a probar que las disposiciones impugnadas sometieron a los accionantes a un régimen de seguridad social menos beneficioso que el anterior, ello no importa de por sí que exista una violación del derecho a recibir igual trato por parte de la CN, norma fundamental que no confiere derecho a cierta jubilación en particular, sino a una jubilación adecuada en función de las posibilidades sociales de cada momento histórico, máxime cuando se aclara que si en determinado año se realizó determinada proyección de la rentabilidad de aquellas inversiones, que luego no fue la esperada, entonces la temática involucra exclusivamente cuestiones financieras, ajenas a la bondad constitucional de las normas por lo que no corresponde al Poder Judicial definir cuál es el mejor sistema de seguridad social para quienes, popularmente, han sido identificados como cincuentones.
2. El legislador, en uso de su libertad de configuración normativa o libertad política, está facultado para adoptar las medidas que estime necesarias para alcanzar el bien colectivo, lo cual puede conducir a la previsión de medidas restrictivas de algún derecho constitucional; el uso de esa libertad política conoce límites, pero el legislador a menudo dispone de un margen de libertad para decidir si somete o no a un derecho a una determinada restricción constitucionalmente lícita mas no constitucionalmente necesaria.
3. El principio de igualdad reconocido por la CN impide imponer por vía legal un trato desigual a aquellos que son iguales, pero ello no implica que la ley no pueda regular en forma desigual a quienes no son iguales.

El amparo es una garantía esencialmente de derecho público, mediante la cual el titular de un derecho subjetivo, interés legítimo o un interés difuso, amenazado o afectado, ilegítimamente, pide al juez competente que lo proteja y haga cesar los efectos de la amenaza o eventual lesión. En el presente artículo analizamos las características del amparo en Uruguay, tanto en su ...